La conquista
del Atlántico

Una carretera que atraviesa territorios indígenas es la primera fase de un proyecto extracitivista que amenaza una de las últimas reservas de bosque primario en el corredor biológico mesoamericano. Presión sobre la tierra, Panama Papers y resistencia ancestral. ¿Por qué un empresario holandés puede lograr lo que ni siquiera Cristobal Colón pudo conseguir?

La derrota de Colón

1502

Cuarto y último viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Cuatro carabelas con ciento cuarenta tripulantes. Tardaron dos meses en cruzar el Atlántico. El Caribe los recibió con tormentas huracanadas y olas de cinco metros. Se refugiaron en el actual archipiélago de Bocas del Toro, en el occidente panameño. Colón quedó fascinado con esa bahía inmensa y serena, colmada de delfines. La bautizó con su nombre: Almirante a la Bahía y Colón a la isla principal. Buscaba un paso hacia el océano Pacífico.

Los indígenas de la zona llegaron en canoas con frutos y obsequios. Los españoles solo tenían ojos para las láminas de oro que llevaban como collares. Les preguntaron de dónde las sacaban. Les contestaron que a un par de días de navegación, hacia el oriente, podía encontrarse "oro infinito". A ese lugar, los nativos Gnäbes y Buglé, lo llamaban Veraguas.

Los europeos pusieron proa hacia allí y decidieron fundar un asentamiento en la desembocadura de un río al que bautizaron Belén. Convencieron a los indígenas para que los llevaran a sus minas. Apenas ingresaron al bosque veían brillar piedras en las raíces de los árboles. Podían conseguir oro revolviendo la tierra con las manos. Colón escribió para los reyes de España:

“He visto más oro en dos días en Veraguas que en dos años en La española-República Dominicana".
Cristóbal Colón

Los adelantados decidieron pasar al ataque y capturaron al cacique. Mientras lo trasladaban en un bote, atado de pies y manos, lograría lanzarse al río y sobrevivir. De inmediato organizó a sus hombres para el contraataque y a fuerza de flechazos obligaron a los invasores a volver al mar.

Nacía entonces el mito negro del "oro infinito" que seguiría vivo, siglo tras siglo, hasta llegar al día de hoy. Después de 515 años de la llegada de Colón, se vuelve a lanzar una campaña que crece silenciosamente y compromete la vida de decenas de comunidades en uno de los últimos pulmones de bosque primario de Panamá en el corredor biológico mesoamericano. La amenaza es un proyecto extractivista que incluye hidroeléctricas, megaminería, una red de transmisión eléctrica para exportar energía a la región y decenas de kilómetros de caminos e infraestructura en bosques protegidos. Todo comienza con una trocha de treinta y dos kilómetros de asfalto que terminará de comunicar la carretera panamericana con el Caribe. Es un proyecto que el estado panameño bautizó, con sensibilidad de piedra, como “La conquista del Atlántico”.

Abriendo camino

La carretera que se abre paso a través de las montañas de la provincia de Veraguas, se planificó a mediados de los años ‘70, durante el régimen del general Omar Torrijos. Al mando de un país ocupado por las bases militares de Estados Unidos y partido en dos por un canal que no le pertenecía, Torrijos creía que estas montañas alimentarían la riqueza nacional.

No eran tiempos de cambio climático ni apocalipsis ambiental. La deforestación no era una decisión suicida sino la esperanza: la ampliación de la frontera agropecuaria podía ser un motor del desarrollo. Torrijos realizó varios intentos, sin suerte. Como la fundación de Ciudad Romero, a orillas del Río Belén, dónde llegaron centenares de campesinos salvadoreños escapando de la guerra civil. Se esperaba que trabajaran la tierra. La actividad no prosperó.

Al finalizar el conflicto armado regresaron a su país y el pueblo quedó desierto. También fundó un campo de trabajo en Coclesito donde jóvenes de la ciudad viajaban a hacer experiencias de ayuda social. Torrijos, fascinado, visitaba estas tierras en forma constante y allí encontraría su propia muerte, en 1981, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló contra un peñón cerca de Coclé del Norte.

El proyecto de la carretera quedó en un limbo.

Hacia mediados de los 80´s se intensificaron las discusiones alrededor de la autonomía indígena en el territorio. En Panamá hay siete etnias originarias. Dos de ellas -los Gnäbe y los Buglé, con cerca de 350 mil personas, el 8% de la población panameña-, habitan estas tierras. Según el arqueólogo Richard Cook llevan en el territorio alrededor de diez mil años.

El Estado aceptó el reclamo y, en el caso Gnäbe y Buglé, decidió que el límite comarcal fuera el río Calovébora. Junto a su cauce, Torrijos había planificado la carretera. Les reconocían el territorio en la provincia de Bocas del Toro pero no en Veraguas. Les dejaron las tierras poco fértiles, propensas a las inundaciones y con una geografía sumamente accidentada. De esta forma, gran parte de las comunidades quedaron excluidas de la Comarca.

Según el último censo nacional, el 63% de los indígenas de Panamá viven fuera de los territorios legalmente constituidos, el 76% sin luz y uno de cada dos en zonas de extrema pobreza.

En 1997, tras la invasión norteamericana, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares aprobó la apertura de la mina de oro Petaquilla en el distrito de Donoso, la zona que había visitado Cristóbal Colón. Los ojos del país volvían a posarse en estas tierras. Hasta que en 2004 el hijo de Torrijos, Martín, llegó a la presidencia y decidió poner en marcha el viejo proyecto de su padre. Fue entonces que inició la construcción de la primera fase de la carretera, entre Santa Fe y Guabal. No le tembló el pulso para atravesar con el trazado el Parque nacional Santa Fe.

La segunda fase, la más crítica, se inició en 2014 y está en obra, con un avance del 40%. Serán treinta y dos kilómetros a través de la selva que avanza sobre diversas comunidades indígenas y terminará de consolidar un corredor vial desde la carretera Panamericana hasta el mar Caribe. Es la apertura de un proyecto de explotación de los recursos naturales a una escala que asusta: megaminería, hidroeléctricas, una nueva línea de transmisión de energía, carreteras y turismo masivo. Un combo demoledor, en un país sensible al cambio climático. A las comunidades, sin embargo, se les dijo que era un proyecto social para mejorar su conexión con el mundo.

La obra, licitada en 2014 por 37 millones de dólares -1.2 millones el kilómetro- fue adjudicada a tres empresas que conformaron una unidad de acción accidental -Transeq, Concor e Itecpa- para llevar adelante el proyecto. Sin demasiada historia en obra pública, estas empresas viven su primavera desde la llegada del Partido Panameñista al poder. "La nueva carrertera era un anhelo por décadas, que hoy se convierte en realidad", informa la vocera del Ministerio de Obras Públicas Minerva Bethancourth.

"Los trabajos avanzan pese a las inclemencias del tiempo y se espera que a mediados de enero de 2018, la maquinaria haya llegado al mar. Más que una estrategia ambiental, se cumple con la legislación. En este proyecto no hay impactos irreversibles".

El Ministerio de Ambiente de Panamá autorizó el Estudio de Impacto Ambiental que permite el avance de maquinaria pesada sobre bosques primarios y permite a las empresas producir las materias primas necesarias en estas mismas montañas. Así se montaron inmensas canteras a la vera de distintos ríos que absorben piedra de los lechos para molerlas y conseguir el material para la construcción. Cómo en Río Luis donde funciona una de las canteras más grandes.

La entrada y salida de camiones es permanente y hay guardias de seguridad que impiden los accesos. El río, que proveía agua potable a las comunidades, comenzó a volverse color chocolate. El diario El Siglo denunció meses atrás que había niños afectados por beber aguas de las quebradas, como lo hicieron siempre. Con diarrea y dolores estomacales. La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio.

“Yo creo que la carretera va a traer cosas buenas y cosas malas”, dice Mariela, joven Buglé, mientras amamanta a sus hijos en una pequeña casa de madera y paja al borde de lo que será la carretera. Tiene una pequeña fogata encendida donde cocina sopa de plátano. “Las cosas buenas serán para los de afuera y las malas para nosotros” afirma.

“Vinieron aquí y nos dijeron que iban a hacer esto para los pobres. Pero si no tenemos los dólares para pagar el transporte no nos lleva nadie”.
Mariela, joven buglé

Resistencia ancestral

El escritor caribeño Franz Fannon, autor de "Los condenados de la tierra", habla de la zona del "no-ser" para explicar cuál es el lugar que la sociedad occidental le da a los pueblos originarios: un espacio brumoso de individuos sin rostro ni derechos, que siempre pueden ser desplazados en nombre del progreso.

La economía panameña, con el mayor crecimiento de América Latina durante la última década, mantiene un nivel de desigualdad de los más altos del mundo: ocupa el puesto 10 en el ranking elaborado por el Banco Mundial. En el marco de esa desigualdad, los pueblos originarios son particularmente castigados. Si el Estado invierte 480 dólares por habitante al año, en los pueblos ancestrales esa cifra se reduce a 200 al año por habitante, según el Atlas de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Desde la ciudad, se considera a los bosques en el interior del país como tierra inhóspita, deshabitada y salvaje. Selva que hay que desarrollar. Se piensa así: en un lugar vive gente, en otro está la naturaleza virgen. Cómo si fueran mundos separados. Pero en las montañas del norte de Santa Fé de Veraguas viven cerca de 25 mil personas, en su mayoría indígenas y campesinos. Sin luz, sin agua corriente, sin cloacas, viven una vida pre moderna. No hay división entre ser humano y naturaleza. Para ellos el bosque es un espacio de vida, no una oportunidad de negocios. Viven de lo que la tierra da. Recolectando frutos, pescando en los ríos y sembrando en pequeñas parcelas que renuevan cada cinco años para permitir la regeneración del monte.

La gente casi no maneja dinero. Sólo ingresa efectivo cuando trabajan como jornaleros -a 5 dólares el día- o cuando reciben alguna ayuda del Estado. La comunicación entre las comunidades sucede caminando a través de pequeños senderos enlodados en la selva cerrada. Deben andar horas para llegar a un centro de salud precario; el hospital más cercano se encuentra lejos. Sólo van en caso de emergencia. Los niños nacen en sus casas y la medicina chamánica sigue siendo la opción más recurrente que comunica su forma de vida con los tiempos ancestrales. Hasta ahora.

Quinientos años después, regresa la conquista.

“Nosotros queremos un tipo de desarrollo que nos incluya y respete la naturaleza. Usamos celulares, Facebook, no estamos contra el progreso. Pero queremos que se respete nuestra forma de vida”.
Cándido Carpintero, joven Buglé

Estas montañas son el último refugio de bosques primarios en un país que en los últimos 80 años perdió el 65% de su cobertura boscosa según sentenció el ambientalista del Instituto Smithsonian Stanley Heckeadon en el documental  “Cuando vuelvan los Bosques”, recién estrenado.

La historia enseña que cada vez que se abrió un acceso hacia este tipo de zonas, luego de la carretera, llegó la deforestación masiva.

“Cuidar la naturaleza es cuidarse a uno mismo. Es la única forma de sobrevivir”, explica Cristina, que vive cerca de la carretera en construcción.

El cacique Saturnino Rodríguez, líder de los congresos comunitarios de la zona, ofrece Pixbae caliente. Es un fruto exquisito que abunda en esta temporada. La preocupación que desvela al Cacique en estas horas son las consecuencias de la apertura de la carretera. “Una vez abierta la trocha, van a venir por el territorio. Es cuestión de tiempo”.

Rodríguez vive en la comunidad de Playita, al borde del río Calovébora, en una casa como la del resto de los indígenas: con paredes de madera y techo de paja. Elevada del piso para cuidarse de las inundaciones y las culebras. Por las noches, frente al fuego, los ancianos narran a los niños largos poemas que recuerdan la llegada de Colón, su expulsión y la épica de su pueblo:

“En nuestra cosmovisión, el hombre no es dueño de la tierra. Ambos nos necesitamos. Los bosques nos dan nuestro sustento y nosotros somos sus guardianes para las próximas generaciones”.

Al cacique lo respaldan las estadísticas internacionales. Un estudio histórico publicado el año pasado por Rights and Resources Initiative mostró que los indígenas manejan más del 24 por ciento del carbono total almacenado en el dosel de los bosques tropicales del mundo. En Panamá, el 50% de esos bosques están en las comarcas indígenas, aunque solo controlan el 17% del territorio nacional según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones por deforestación y degradación de los bosques (ONU-REED). Si a eso se le suman las zonas de uso colectivo no legalizadas, la cantidad aumenta aún más. 

Según estás estadísticas es mucho más efectivo legalizar territorio a los pueblos originarios que crear áreas protegidas. Quizá por eso el ecologista canadiense  David Suzuky afirma que el camino para revertir el cambio climático no está en seguir a los ambientalistas sino a los pueblos originarios. Es decir, el futuro de la humanidad será indígena o no será. Están en la primera línea de batalla enfrentando con palos y piedras a ejércitos y transnacionales. Sólo en 2017 murieron de forma violenta ciento treinta dirigentes alrededor del mundo, según reportó  Climate Home

Los pueblos originarios practican una democracia directa de alta calidad. Las decisiones se toman por consenso. El filósofo decolonial y creador de la filosofía de la liberación Enrique Dussel, en sus 20 tesis de teoría política, lo explica con claridad.

“Rigoberta Menchu y el ejército Zapatista de liberación hacen una distinción en la forma de liderazgo cuando dicen que los líderes occidentales mandan mandando mientras los líderes originarios mandan obedeciendo”.
Enrique Dussel, filósofo decolonial

Esa fortaleza en la vida interna podría volverse una debilidad ante el avance neurótico de los estados occidentales. Sin embargo, Daviken Studnicki-Gizbert, investigador de historia latinoamericana en la Universidad de McGill, afirma que hay esperar. “Está demostrado que cuando llega el momento, los indígenas son los que sostienen las luchas más prolongadas. Hay una cohesión mucho mayor y un respaldo a su dirigencia más sólido. No pueden aplicarles el divisionismo táctico”, explica.

Hambre
de tierra

Las comunidades siguen pidiendo la anexión de su territorio a la comarca Gnäbe Buglé. O cuánto menos, el reconocimiento del uso colectivo de la tierra. A lo largo de los siglos se han movido con libertad en estas montañas en una migración interna que no se ha detenido nunca.

“El gobierno quiere titularnos la tierra de forma individual. Una finquita para cada familia. Es una trampa. Después los especuladores nos compran de a uno. Pedimos el reconocimiento del uso colectivo de la tierra” 
Cacique Saturnino Rodríguez

ANATI -Autoridad Nacional de administración de tierras- les reconoce lo que se dio en llamar “Derechos Posesorios”. Son títulos informales que en teoría le otorgan el derecho de titular la tierra a aquellos que la trabajan y llevan al menos cinco años viviendo allí. Pero muchos no saben cómo se realiza el trámite. Este sistema ayudó a centenares de campesinos humildes pero también permitió titular a precio de saldo decenas de miles de hectáreas de tierras fiscales a acaparadores inmobiliarios ligados al poder político. Al permitirse la comercialización de esos derechos de posesión, los empresarios de la ciudad llegan a las comunidades con sus abogados y sus contactos en las instituciones, adquieren esos derechos por precios irrisorios y las titulan a su nombre. Con la inscripción legalizada, el precio de la tierra se multiplica automáticamente. Y comienza el festín de la especulación.

Representantes de las comunidades indígenas, meses atrás, enviaron una comitiva a Santiago, la capital de Veraguas, para averiguar cuál era el estatus de sus tierras. Juntaron dinero durante algunas semanas hasta que al final pudieron viajar. A pie, en cayuco, luego en bus hasta la ciudad, llegaron a las oficinas de la ANATI. Los hicieron esperar todo el día y no los atendieron. “Pero quédense tranquilos que con sus tierras no pasa nada, está todo como estuvo siempre”, les comunicó un secretario. Como llegaron, se volvieron.

Los representantes de ANATI, que no tienen tiempo para atender a los líderes indígenas, sí se esfuerzan en satisfacer las apetencias de los caudillos provinciales. Cómo Pedro Miguel González, honorable diputado de la Asamblea Nacional, representante de Santa Fe de Veraguas por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). El 24 de marzo de 2017 tituló 20 hectáreas en el Cerro Tute, en Santa Fe de Veraguas. Pagó 138 dólares por todo el predio.

González asegura que no hay ilegalidad alguna. “Esa es una propiedad de la familia que le cambiamos la categoría de derecho posesorio a tíulo de propiedad". Explica que es utilizada como finca agropecuaria. “Debió salir a nombre de todos mis hermanos, es un trámite pendiente” finalizó.

González tiene un historial tumultuoso: fue acusado de matar al militar norteamericano Zak Hernández en junio de 1992, un día antes de la visita del entonces presidente George Bush. Aunque fue absuelto en Panamá por el crimen, la justicia de Estados Unidos lo considera un prófugo.

Es este el tipo de decisiones que los habitantes originarios quisieran evitar: que sus bosques se transformen en fincas privadas de millonarios de la ciudad. Como la que tiene también Ramón Fonseca Mora, el abogado tristemente célebre que a través de su bufete Mossak&Fonseca ayudó a lavar y ocultar el dinero generado por la corrupción de medio mundo. Luego del escándalo de “Panama Papers” -que hirió de muerte la reputación del país- Fonseca se retiró a su finca, donde pasa el tiempo controlando su plantación de naranjas, de las más jugosas de Panamá.

El cacique Saturnino dice que la presión sobre la tierra no para de crecer. Sobre todo en la desembocadura del río en el Atlántico, donde confluye la carretera.

El Pueblo de Calovébora es el secreto mejor guardado del Caribe: un oasis de cielo azul, arenas blancas y mar verde esmeralda. Las últimas playas vírgenes de Panamá.

En Calovébora viven cerca de 2 mil personas. La población es más heterogénea que en la montaña: hay campesinos, indígenas y también población afrodescendiente, sobre todo pescadores. La gente vive al ritmo de la naturaleza. Solo algunas casas tienen energía solar. Cómo los autos aún no llegan, no hay calles. La tranquilidad es total. Viven aislados, y por eso celebran la llegada de la carretera. Muchos están dispuestos a vender su tierra.

“Cuando llegan los especuladores, les hablan a la gente de 10 mil, 20 mil dólares y ellos se piensan que serán millonarios. Yo les digo que no hay que vender. Que nosotros, sin tierra, no podemos sobrevivir. Será una lucha muy difícil”
Cacique Saturnino

Los únicos visitantes son los predicadores evangelistas, los narcos que van hacia Estados Unidos y la policía que los persigue. Y, desde hace un tiempo, extraños inversionistas. Pioneros. Los nuevos adelantados.

Max Van Rijswijk es uno de ellos.

Es un holandés de aspecto vikingo del que todos hablan en Calovébora. Rubio y de casi dos metros de altura, llegó a Panamá en 2003 y se presentó como un activista ambiental orientado a la preservación del territorio. A poco de llegar creó algunas fundaciones que tenían ese fin: cuidar a las tortugas, salvar los bosques, evitar que el progreso se llevara por delante la naturaleza de Panamá. Llegó a Calovébora ofreciéndo a los campesinos acuerdo de cesión de tierras para realizar inmensas reservas. Se interesó sobre todo en un tipo de propiedad: costa de playa sobre desembocadura de ríos.

Entre 2007 y 2017, en solo diez años, consiguió apropiarse de 2691 hectáreas con 12 kilómetros de playa en la costa Caribeña -1095 hectáreas en Donoso y 1427 hectáreas en la costa de Veraguas-, que ahora ofrece en venta a través de su empresa Caribbean Riviera por cifras millonarias. En internet se puede encontrar el portfolio de su compañía donde detalla claramente las propiedades que posee. Y su precio de venta:

“La Costa Caribeña de Panamá está aún infravalorada al compararla con otros destinos de playa similares en Costa Rica, México y República Dominicana. Con la increíble inversión en infraestructura llevada a cabo en estos momentos, unida al creciente atractivo que refleja Panamá como un destino emergente de inversión, se prevé que los precios se duplicarán dentro de tres a cuatro años. Éste es el momento óptimo para comprar una o varias de las propiedades señaladas con el fin de generar una inversión de la cual se espera, sea de alto rendimiento con relativamente bajos riesgos dentro de un horizonte de corto a mediano plazo”.

A lo largo de los años Van Rijswijk fue organizando una intrincada red de fundaciones, sociedades anónimas y distintos abogados que le dieron cobertura legal a su entramado de oscuras inversiones. Pero, ¿Cómo hizo este empresairo holandés para convertirse en diez años en un terrateniente tropical, dueño y señor de las tierras que ni siquiera Colón pudo conquistar?

La costa bárbara

Para llegar a la casa de Paulino González Sianca hay que abordar una lancha en Calovébora. Desde el agua se puede entender todo: hay playas pequeñas, como calitas entre peñones que se abren al mar. Hay playas abiertas y amplias. Hay playas con olas para surfear y bahías de agua tan cristalina que se ven corales y peces. Hay inmensos arcos de piedra y cuevas submarinas.

Luego de una hora de navegación se llega a la desembocadura del río Estero Salado. El vaivén de las olas se acaba y la quietud del río lo absorbe todo. La selva cerrada genera un arco por encima del agua. Se llega a un punto en que el río baja tanto que no se puede navegar. Hay que caminar por el agua 200 metros hasta alcanzar la propiedad, sobre una pequeña loma. Allí hay dos casas de madera elevadas de la tierra donde vive González, con sus hijos y sus nietos. Hay niños corriendo, canastos con la cosecha del día.

El hombre, de 80 años, se define como víctima de una estafa. Le cuesta explicarlo. Nació cerca de aquí y vivió toda su vida en el monte. No fue a la escuela. No escribe ni lee. Dice que conoció a Van Rijswijk a mediados de 2008. El holandés llegó en helicóptero y le hizo una oferta de cien mil dólares por todo el frente de playa de su tierra. González tenía derechos posesorios, llevaba cuarenta años viviendo allí.

Van Rijswijk le dijo que si aceptaba, había que hacer todo de una vez. Le enviaría un helicóptero para viajar a la ciudad de Panamá, firmar los papeles y realizar el pago. Paulino no conocía la capital. Solo había estado una vez, internado, al borde de la muerte. Hacía de esto 30 años. Habló con su familia y decidieron vender. Para ellos la playa no tenía ningún valor. No son pescadores y la arena no da alimentos, excepto cocos. La tierra fértil, la que trabajan diariamente río adentro, no se la vendió.

Al otro día llegó el helicóptero a buscarlo. Fue con su nieto. A poco de subir hubo un desperfecto y el helicóptero cayó a tierra. Casi se matan.  Se los llevaron por tierra a Santiago y de allí a Panamá. Los alojaron en un hotel céntrico, comieron bien. Fueron a la oficina de Van Rijswijk y firmaron el contrato. Cómo no sabe ni leer ni escribir, firmó el documento con su huella dactilar. Su nieto, que sí leía, aparece como testigo "a ruego".

El contrato incluía una cláusula de arbitraje contra Paulino que, de no efectuar la operación, debía pagarle a Van Rijswijk un millón de dólares.

Con el cheque de 20 mil dólares por el anticipo de la compra volvieron a Santiago. Fueron al banco. El representante del holandés, José Gilberto Guardia Pinzón, se los cambió. Les dio la mitad del dinero y la otra mitad se los quedó él. Con los 10 mil dólares que recibieron compraron cosas para la finca, ropa, herramientas y se volvieron a Calovébora. Max debía llegar pronto a pagarles el resto. Nunca lo hizo. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2008 el Departamento de Catastro Rural le títuló esas tierras a nombre de una de sus empresas,  Veraguas Eco Turismo, SA.

A pesar de que el empresario holandés se dice amigo de Paulino, semanas atrás, finalizando noviembre, recibió una mala noticia: Paulino lo demandó penalmente.

Esas tierras hoy están en venta por millones de dólares.

Este modelo de negocios -por no decir de estafas- se repite en varios casos en el pueblo. La señora Margarita Pineda Rodriguez, sufrió la misma situación. Van Rijswijk se presentó en su casa y le dijo que estaba dispuesto a invertir en la comunidad, que haría un reservorio de tortugas. Les ofreció lo que para ellos era una fortuna: 125 mil dólares por dieciocho hectáreas sobre la playa. Dídimo, su hijo, que había estudiado en Santiago, le dijo que era una buena posibilidad para conseguir recursos e invertir en la otra finca que habían heredado de su abuelo: sin costa de playa pero con tierra para trabajar. Se retiraron a hablar entre ellos y decidieron vender. El holandés le contestó que si querían hacer la operación, tenían que viajar de inmediato a la ciudad. La señora estaba descalza. No le dieron tiempo ni a cambiarse la ropa. Ninguno de los dos conocía la capital panameña.

“En la ciudad le compramos zapatos, lo que usted quiera” les dijeron y así viajaron. Hotel, cena, oficina, un hombre rubio y elegante que hablaba en otro idioma. Firmaron. Recibieron su adelanto y regresaron a Calovébora. Van Rijswijk jamás apareció con el pago adeudado. Su tierra ya no les pertenece y de la plata que le dieron no les queda nada. En algo cumplieron: luego de la firma les compraron zapatos.

El caso de Florentino González incluye denuncia por amenazas. Llevaba más de cinco años viviendo en la playa, en la desembocadura del río Estero Salado cuando, ante los rumores sobre la presencia de acaparadores en la zona, decidió poner la tierra a su nombre. Para su sorpresa, al llegar a ANATI, se enteró que su tierra ya había sido titulada por Max Van Rijswijk. Doce hectáreas con dos playas inmensas de arena blanca.

Florentino consiguió un abogado y pidió un embargo sobre la finca. La justicia accedió. El abogado llevó un agrimensor a la zona y se dieron cuenta que la titulación era a todas luces fraudulenta: las fotos que acompañaban el documento presentado por el empresario holandés no se correspondían con el lugar y los límites del lote no eran reales: ANATI le títuló fondo de mar, algo expresamente prohibido en la legislación panameña. Florentino lo denunció a la justicia.

Semanas después Van Rijswijk, con cuatro guardaespaldas, habría llegado a la playa cuando él no estaba. Gónzalez asegura que le tumbaron las paredes de su casa y, como si fuera poco, le dejaron un recuerdo: seis disparos en la pileta de lavar la ropa.

Su abogado lo denunció y un representante de la justicia llegó a la comunidad. Max Van Rijswijk se presentó y negó la acusación. La defensa puso a los lancheros como testigos y también al dueño del hotel que los hospedó. Van Rijswijk negó que estuviese allí. La justicia aún  investiga el hecho.

“Cada parcela de tierra fue seleccionada por su naturaleza prístina, la proximidad a ríos navegables, por sus puertos protegidos, y por la calidad de sus frentes de playas y vistas.  Caribbean Riviera ya adquirió los títulos de propiedad de la mayor parte de su portafolio. La diligencia de convertir tierras con “Derechos Posesorios” en tierra “Titulada” es un proceso excesivamente complejo, que requiere de un capital significativo, soporte legal, capacidades logísticas y el factor suerte”.

Asi reza el portofolio de la empresa que ofrece las tierras al mejor postor. Por lo que se desprende de las denuncias, lo que Caribean Riviera llama “suerte”, otros lo definen como delito.

Entre 2006 y 2016, Max Van Rijswijk registró dieciseis sociedades anónimas y diecisiete fundaciones en Panamá. Carolina Carrizo es el agente residente en dicisiete de ellas. Carrizo estuvo en el directorio de la Fundación Ocean Oasis desde su creación, el 9 de enero de 2008, hasta el 29 de diciembre de 2015, fecha en que presentó su renuncia como agente residente y directiva.

Esa fundación, que preside Van Rijswijk, aparece en los Panamá Papers, la voluminosa documentación obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). La información está relacionada con una solicitud de la Fundación Ocean Oasis la adjudicación de un terreno. Fue el 20 de agosto de 2006 ante Reforma Agraria de la provincia de Colón.

Según consta en el Registro Público y en el Archivo nacional, entre 2008 y 2013, Van Rijswijk logró también apropiarse de cinco fincas en el distrito de Donoso, en la comunidad de Miguel de La Borda, que suman en total ciento diecisiete hectáreas. ¿Cuánto pagó por estas tierras? Poco más de 700 dólares. En este caso utilizó a sus abogados o prestanombres que lograron titular derechos posesorios, que luego se los cedieron a modo de donación a la Fundación Ocean Oasis, propiedad de Max Van Rijswijk, la misma que aparece en los Panama Papers.

Incluso, en 2008, logró traspasar a nombre de siete fundaciones, siete fincas cercanas a la carretera que hoy se construye por más de 569 hectáreas. Las adquirió por solo $3,834 dólares, a razón de 6 dólares la hectárea. Esas gestiones de traspaso se realizaron cuando contra estos inmuebles existía orden de secuestro por solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General panameña, que eran objeto de investigación por titulaciones fraudulentas que afectó, y afecta, a decenas de familias entre Río Calovébora y Río Belén, al norte de Veraguas.

También intentaron abrir un fondo de inversión denominado  Panamá Land Fund, bajo la sociedad anónima  Crownland. La idea fue generar un stock de acciones con la tierra como respaldo para cotizar en bolsa. La Comisión Nacional de Valores les prohibió la promoción de ese fondo para proteger la seguridad de inversionistas.

Contactar a sus abogados es misión imposible. Las oficinas dónde funcionaban los bufetes están desocupadas. Como la de la licenciada Nelly Perez Arosemena en el edificio Pancanal de Albrook. Otra de sus representantes legales, Maria Gabriela Reyna Lopez, acaba de salir de prisión luego de haber sido detenida por blanqueo de capitales. Eugenia Espinoza Arias trabaja actualmente en el Municipio. Contactada sobre el caso prefirió no ser entrevistada. Todos ellos, en los últimos tiempos, renunciaron a seguir representando las sociedades. Por si fuera poco, Max Van Rijswijk está en disputa con viejos socios: en el juzgado 14 tiene llamamiento a juicio e impedimento de salida del país. A pesar de todo, Van Rijswijk se reivindica a si mismo como un empresario honesto. "Las personas que tienen tierras que valen cientos de miles de dólares si pueden leer y escribir, son personas que llegaron a mi oficina siempre con una persona de confianza. No compramos tierra de gente que no sabía que estaba vendiendo. Tampoco pagamos centavos el metro, pagamos bien en su época. Y cumplimos todos los acuerdos", se defiende Van Rijswijk.

Pro mundi beneficio

El escudo de Panamá lleva grabado un lema a sangre y fuego: Pro Mundi Beneficio. Una frase que desde el germen mismo de la República ha puesto al país en una contradicción de la que 114 años después no puede salir. Como alguien que se mira al espejo y no se reconoce en la sombra que refleja.

El sado 9 de octubre, en la Gaceta Oficial, el gobierno de Panamá solicitó a la asamblea Nacional la creación de la Empresa Nacional de Recursos Minerales. Es una decisión estratégica íntimamente ligada al avance sobre las tierras del Caribe que pone de manifiesto la visión de desarrollo que tiene el Estado.

Según la Dirección Nacional de Recursos Minerales hay en el país dieciséis proyectos aprobados de extracción metálica en distintas fases. La mitad corresponden a la zona de Donoso y Veraguas. Es aquí donde están las segundas reservas de cobre más importantes del mundo, luego de Chile.

Solo el proyecto Minera Panamá, a punto de empezar las operaciones de extracción, promete obtener 200 mil millones de dólares en treinta años. Son cuatro zonas que suman trece mil hectáreas. La empresa está realizando la inversión privada más grande de la historia de Panamá con más de 6 mil millones de dólares. Los dueños del proyecto, la empresa canadiense First Quantum Minerals, afirma que aumentará el PBI en un 4% a lo largo de los 30 años que dura su licencia de explotación -prorrogables por 20 años más-. La inversión incluye un puerto propio sobre el Caribe para la exportación directa y una generadora de energía a base de carbón de 300 MW, que excede largamente la energía que se necesita para el funcionamiento de la mina. La capacidad del Estado para controlar el pago de regalías y la sostenibilidad ambiental de la extracción está en entredicho.

"En el Atlántico las empresas actúan como si fueran repúblicas aparte. En lugares como Minera Panamá, las empresas se apropian de las ganancias y a las comunidades les dejan los costos ambientales arruinando su futuro"
Susana Serracín, presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Sobre la salida del Canal de Panamá en Atlántico, cerca de la ciudad de Colón, la empresa multinacional AES de origen norteamericano, está construyendo una planta generadora de energía termoeléctrica utilizando gas licuado de 380MW. Por su parte, el grupo chino Shanghai Gorgeous anunció una inversión de 1800 millones de dólares para construir un nuevo puerto de contenedores y otra planta de energía a base de gas que generará 350 MW.

Para incorporar toda esta energía a la red nacional, el gobierno proyecta construir la cuarta línea de transmisión que recorra la costa Caribe y se conecte hacia Colombia y Costa Rica. Esta infraestructura iría paralela al mar y se construiría conjuntamente con una carretera que unirá el nuevo puente sobre el Canal con la carretera en el norte de Santa Fe, en Calovébora. Y luego continuará hacia Bocas del Toro donde se encuentran las Hidroeléctricas Fortuna de la italiana ENEL, Changuinla 1 de AES y la futura Changuinola 2 en negociaciones con empresas chinas.

En Panamá hay setenta y un proyectos hidroeléctricos en distintas fases de desarrollo, diez de los cuales están en Veraguas, incluyendo una en Santa Fé, Guayabito. La potencialidad de los ríos que desembocan en el Carbe prometen nuevos proyectos. Incluso, sobre el Cerro Tute, dónde el diputado Gonzalez logró titular su finca, se proyecta un inmenso campo de producción Eólica que ocuparía más de mil héctareas dentro del Parque Nacional.

En los últimos diez años el consumo de energía eléctrica se duplicó en Centroamérica y Panamá se propone como una solución para el crecimiento de la demanda: esta inmensa infraestructura permitiría la exportación de energía a este creciente mercado.

Semanas atrás la Asamblea Nacional aprobó en primer debate una ley que abriría la posibilidad de poner en venta terrenos costeros para desarrollos turísticos en zonas protegidas en Donoso, límite de Veraguas. Quieren vender las playas para desarrollos turísticos. Para construir Resorts de lujo y apartamentos de playa. Una estocada de muerte a las tierras y la cultura Buglé. "Más allá de que el proyecto de ley a mi me ayudaría, lo cierto es que un área restringida no le conviene a ninguna de las partes y mucho menos a los lugareños que viven en la pobreza", evalúa el empresario Van Rijswijk.

Cómo se advierte, la Conquista del Atlántico va más allá de la construcción de una carretera. Sigue siendo, cinco siglos después, el mismo choque de civilizaciones: una batalla entre un modo de vivir en la tierra y una forma de usufructuar esa misma tierra.

Créditos

Coordinación general y textos
Guido Bilbao

Investigación
Israel Gonzalez
Sol Lauría
Guido Bilbao
Andrea Gallo
Eliana Morales

Data manager
Sol Lauría

Fotos y Video
Raphael Salazar
Edición de video
Lucrecia Caramagna
Diseño
Tea Alberti
Mapas
Rainforest Foundation US.

Copy Editor, English Version
Kamran Rahman

Agradecimientos
Steve Sapienza, Marcelo Larraqui, Rita Vásquez, María Mercedes de Corro, Osvaldo Jordán.

Con el apoyo de Rainforest Fundation US, diario La Prensa, Connectas y Alianza para la Conservación y el Desarrollo.

Este proyecto fue financiado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fecha de publicación
Diciembre 2017

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La Conquista del Atlántico - English Version